La CPI abre una investigación sobre los crímenes en Libia

El Fiscal Luis Moreno-Ocampo nombra al Coronel Gadafi entre los máximos responsable (AP Photo/Peter Dejong)

La Fiscalía de la CPI anuncia que abre una investigación sobre los presuntos crímenes cometidos en Libia desde el 15 de Febrero, cuando comenzaron las revueltas contra el régimen de Mummar el Gadafi. La oficina de Luis Moreno Ocampo ha adoptado esta decisión tras haber sometido a un análisis preliminar la información de la que disponía y haber determinado que existe “una base razonable para creer que se han cometido crímenes contra la humanidad”.

“No habrá impunidad en Libia,” ha dicho esta mañana en rueda de prensa el el Fiscal Jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, quien ha anunciado que entre los máximos responsables de los crímenes se podrían encontrar el Presidente Gadafi y su círculo cercano, en el que se incluyen sus hijos, el Ministro de Asuntos Exteriores, y los encargados de la seguridad personal del líder libio y su régimen.

“Ahora debemos investigar quiénes ostentan la máxima responsabilidad en la comisión de los crímenes más graves,” ha dicho Moreno-Ocampo. “Debemos presentar nuestras pruebas a los jueces, y serán éstos quienes decidirán si emitir o no las órdenes de arresto.” Según ha informado, desde el pasado domingo cuando el Consejo de Seguridad de la ONU refirió por unanimidad el caso libio a la CPI, la Fiscal ha estado analizando información sobre los incidentes más graves cometidos en Benghazi, Ajdabiy, Misratah y Trípoli desde el pasado 15 de febrero cuando comenzaron las manifestaciones.

El Fiscal Jefe ha anunciado además que serán imparciales en sus investigaciones, y que incluirían además, de darse, los crímenes cometidos por los grupos opositores. Moreno-Ocampo ha invitado a los individuos identificados como posibles responsables que se dirijan a la Corte para aclarar su responsabilidad en los hechos ocurridos.

En cuanto a las órdenes de arresto, el Fiscal Jefe ha dicho que es prematuro precisar cuándo tendrán lugar pero estima que ocurran en un breve plazo de tiempo, “en dos meses” ha dicho. Igualmente ha explicado a los periodistas que el caso de Libio es excepcional, “los crímenes siguen ocurriendo, de ahí que debamos hacer el máximo esfuerzo para presentar nuestro caso lo antes posible a los jueces,” ha asegurado.

La Oficina del Fiscal ya ha comenzado a recopilar pruebas para presentárselas a los jueces, para lo que está en contacto con la Liga Árabe, las Naciones Unidas, la Unión Africana y con organizaciones como Interpol.

En cuanto a las cifras de muertos, el Fiscal asegura que es difícil de precisar, pero que “hay un mínimo de 600 y que puede haber varios miles”.

La apertura de investigaciones viene tras la adopción de la Resolución 1970 por el Consejo de Seguridad de la ONU en la madrugada del domingo, por la que este organismo refirió la situación libia a la CPI. Se trata de una resolución histórica por su rapidez y la unanimidad por la que fue adoptada. Tan solo el caso de Darfur, en 2005, ha sido referido al tribunal internacional, y por aquel entonces cuatro de sus 15 miembros (Algeria, Brasil, China y Estados Unidos) se abstuvieron en la votación.

 

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La CPI podrá juzgar a Gadafi por crímenes contra la humanidad

Gadafi y una de sus guardias personales con Berlusconi. 2009 (AP Photo)

Después de casi nueve horas de intenso debate a puerta cerrada, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad en la madrugada del domingo una resolución que condena la brutalidad del gobierno de Muammar El Gaddafi y autoriza a la Corte Penal Internacional a investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante las dos semanas de revueltas en Libia.

“Esta resolución manda un contundente mensaje: las violaciones de los derechos humanos no serán toleradas; los responsables de los crímenes más graves serán juzgados. Espero que esto sea escuchado por el régimen libio,” dijo el Secretario General de la ONU tras la votación texto, al que en un primer momento se opuso China, miembro permanente con derecho a veto, siempre reacio a inmiscuirse en los asuntos internos de otros estados. Finalmente y con carácter de urgencia, los 15 acordaron imponer sanciones económicas contra el régimen libio, el embargo de armas, la prohibición de viajar al extranjero del Coronel Gaddafi y su familia, la congelación de sus cuentas, y solicitaron la intervención de la CPI para que investigue los abusos cometidos por su gobierno, calificados ya de “crímenes contra la humanidad”.

En la Resolución 1970, el Consejo de Seguridad exige además a las autoridades libias la plena cooperación en las investigaciones que la CPI lleve a cabo sobre los hechos ocurridos desde el pasado 15 de Febrero, cuando comenzaron las protestas contra el régimen. Igualmente, el texto invita al Fiscal Jefe, Luis Moreno-Ocampo, a dirigirse al Consejo en los próximos dos meses posteriores a la adopción de la resolución y después cada seis meses para informar de las acciones adoptadas por su oficina al respecto de la situación en Libia. La remisión del caso a la Fiscalía de la CPI no implica por tanto la apertura inmediata de investigaciones, sino que será ahora cuando Moreno-Ocampo tenga que analizar la gravedad de la información recibida y decidir si existe una base razonable para proceder a la apertura de investigaciones.

La remisión del caso a la Fiscalía de la CPI no implica por tanto la apertura inmediata de investigaciones, sino que será ahora cuando Moreno-Ocampo tenga que analizar la gravedad de la información recibida y decidir si existe una base razonable para proceder a la apertura de investigaciones y pedir ña orden de arresto de los máximos responsables.

“Las informaciones sugieren que las fuerzas leales al Presidente Mummar el Gaddafi están atacando civiles en Libia, lo que podría constituir crímenes contra la humanidad,” ha dicho hoy el Fiscal Jefe de la CPI. “La Oficina actuará de forma rápida e imparcial. No habrá impunidad para los responsables de estos crímenes.”

Según ha informado la Fiscalía, la oficina mantiene relaciones con la Liga Árabe, la Unión Africana, la ONU y otros estados con el fin de recabar información relevante de los hechos. Tal como ha expresado Moreno-Ocampo en su comunicado , la Fiscalía esta igualmente en contacto con las autoridades libias para conocer la identidad de las autoridades al mando supuestamente responsables de los crímenes.

El pasado viernes, en el borrador de las sanciones planteadas al Consejo de Seguridad, Francia y Gran Bretaña, incluían la intervención del tribunal de La Haya. “Estamos ante una situación muy grave, por lo que es imperativo que la CPI también actúe,” dijo entonces la Ministra de Asuntos Exteriores francesa, Michele Alliot-Marie. El pronunciamiento del Consejo de Seguridad al respecto era vital para hacer factible la intervención del tribunal, con competencia para juzgar genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Así lo expresó Moreno-Ocampo en los días previos a las discusiones en Nueva York, y cuando la opinión pública demandaba su actuación. ”Libia no es un estado parte del Estatuto de Roma, por lo tanto, una intervención de la CPI sobre los posibles crímenes cometidos en este país sólo tendrá lugar si las autoridades libias aceptan la jurisdicción de la Corte (art.12(3) del Estatuto de Roma). En caso de que esto no ocurra, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede referir la situación a la Corte. La Fiscalía solo actuará en caso de que alguna de estas dos decisiones sean adoptadas.”

Lo que ha ocurrido en la madrugada del domingo es que el Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas (que contempla las acciones en caso de amenaza a la paz y seguridad internacional) ha remitido al Fiscal de la CPI una situación en la que supuestamente se han cometido crímenes bajo su jurisdicción. Este paso es necesario cuando el Estado en cuestión no es firmante del Estatuto de Roma, el texto fundacional de la CPI, o éste no ha depositado una declaración consintiendo que la Corte ejerza su competencia respecto del crimen que se trate (de acuerdo al art. 12(3)). La remisión por el Consejo es uno de los tres mecanismos por los que una situación puede presentarse ante la CPI, la cual opera con independencia de las Naciones Unidas. Las otras dos alternativas es que el estado firmante solicite la intervención del tribunal o que el Fiscal inicie sus investigaciones motu proprio tras lograr la aprobación de los jueces.  En la historia de la CPI tan solo el caso de Darfur, en 2005, ha sido referido al Fiscal por el Consejo de Seguridad, entonces aprobado sin la unanimidad de la que ha gozado la situación libia.

Crímenes contra la humanidad

La Resolución 1970 adoptada por Consejo de Seguridad afirma que “los ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil que actualmente están teniendo lugar en Libia” podrían ser “crímenes contra la humanidad”,  y por tanto de crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. La descripción que el texto aprobado avanza sobre lo ocurrido en Libia, se ajusta a la definición que ofrece el Estatuto de Roma en su artículo 7 y que incluye el asesinato de civiles y la persecución de un grupo con identidad propia fundada en motivos políticos, como es el caso abordado. Según el Estatuto de la CPI, por “ataque contra una población civil” se entenderá “una línea de conducta que implique la comisión múltiple de estos actos [como es el asesinato de civiles] de conformidad con la política de un Estado o una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.”

Pese a la imposibilidad de ofrecer cifras exactas sobre las víctimas de la brutal actuación del gobierno de Gaddafi, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos no duda en calificar lo acontecido en Libia como “un claro atentado contra el derecho internacional”. “Tanques, helicópteros y material militar están siendo empleados para atacar de forma indiscriminada a los manifestantes. (…) Los informes de hospitales indican que los heridos presentan heridas de bala en la cabeza, en el pecho y el cuello, lo que sugiere que se están produciendo ejecuciones sumarias y arbitrarias,” dijo el viernes en nota de prensa Navy Pillay, representante de este organismo, quien hizo además alusión al uso de mercenarios para frenar las revueltas. “De acuerdo con nuestra fuentes, miles de personas pueden haber sido asesinadas,” aseguró.

Del tibio comunicado de prensa a la contundente resolución.

Se ha necesitado diez días de largas discusiones y juegos diplomáticos para que el Consejo de Seguridad de la ONU pasase de un más que cauto comunicado de prensa aludiendo a la responsabilidad del régimen libio de proteger a su población civil a una contundente resolución de condena que incluye la investigación de los crímenes en La Haya.

La intervención de la CPI, propuesta por Francia y Gran Bretaña, respaldada por Estados Unidos (los tres son miembros permanente del Consejo con derecho a veto) y Alemania (miembro no permanente) encontró en las negociaciones iniciales del sábado cierta oposición por parte de China, miembro permanente y con capacidad de vetar la resolución. Finalmente,la adopción del texto llegó después de que las principales potencias endurecieran sus posturas, como el caso de la Administración Obama, quien aseguró el sábado en conversación telefónica a la Canciller alemana, Angela Merkel, que el líder libio debía dejar el poder “ahora”, tras haber perdido toda su legitimidad para gobernar. El día anterior a esta conversación, EEUU había impuesto sanciones unilaterales a Libia, ordenando la congelación de todos los activos pertenecientes a Gaddafi y su gabinete.

Por su parte, la propia delegación libia ante Naciones Unidas, cuyos integrantes habían dimitido de sus cargos el pasado lunes mostrando su rechazo a la actuación del régimen, defendieron con una carta a la Presidenta del Consejo, la brasileña Maria Luiza Ribeiro Viotti, la necesidad de referir el caso a la CPI. De acuerdo con un diplomático norteamericano presente en las negociaciones, el comunicado libio, sirvió para convencer a los miembros reacios a la intervención de La Haya.


Luis Moreno-Ocampo, Fiscal Jefe de la CPI: “Tengo la misión más importante del mundo”

Fue en el invierno de 2003, cuando Luis Moreno-Ocampo (Buenos Aires, 1952), entonces profesor en la prestigiosa Universidad de Harvard, recibió la noticia de que sería el primero en dirigir la Fiscalía de la recién creada Corte Penal Internacional. Le avalaba su experiencia como fiscal en el juicio a las Juntas Militares argentinas, responsables de crímenes masivos durante la dictadura del General Videla. No pudo rechazar la oferta. En siete años al frente del barco, este hombre de tesón inagotable ha ordenado el procesamiento del presidente de Sudán, Omar Al Bashir,  y ha sentado en el banquillo de los acusados a milicianos rebeldes y antiguos altos cargos congoleños. El que consideró el trabajo de su vida en su añorada Argentina, fue también un entrenamiento para lo que sería su misión más importante: establecer la ley en el mundo.

P. Le vemos a diario en reuniones con altos cargos, representantes de la sociedad civil, estudiantes y medios de comunicación. Tiene la enorme responsabilidad de ser el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, y de convencer al mundo de la existencia de una nueva idea: la Justicia global. ¿A qué retos se enfrenta?

Luis Moreno Ocampo. El Estatuto de Roma es una confederación de Estados decididos a acabar con las atrocidades. Es una concepción moderna puesto que no es una confederación geográfica y que se sustenta en un valor básico: que no haya crímenes masivos. Estos delitos traspasan fronteras, se expanden, y es una de las cuestiones que la comunidad internacional tiene que abordar. Cuando un fiscal nacional adopta una decisión se implementa automáticamente, pero a nivel internacional no es lo mismo. Yo tengo que aplicar la ley y explicar a los Estados lo que hacemos. Ése es el reto, explicar esta nueva idea.

Debo estar acostumbrado a ser impopular, nadie está acuerdo con el árbitro

P. Se presenta como un Fiscal independiente cuyas decisiones no están determinadas por cuestiones políticas. Su trabajo es aplicar la ley. Sin embargo, necesita el compromiso político de los Estados para poner en marcha esta idea de justicia global. ¿Cómo gestiona este dilema?

L. M. O. Éste es un acuerdo firmado por los Estados. La cuestión por un lado es hacer que los países que firmaron el Estatuto de Roma cumplan con su compromiso y, por otro, que los que no lo hicieron, [como] China, Rusia o Estados Unidos entiendan lo que hacemos. Mi tarea es recordar a estos países ‘Ésta es la ley’. Yo no puedo convencerlos, nunca lo haré, por esodebo estar acostumbrado a ser impopular, nadie está acuerdo con el árbitro. Generamos oposición porque estamos estableciendo una idea revolucionaria, estamos cambiando las reglas básicas del juego.

P. No dispone de una policía o un ejército que haga efectivas sus órdenes de arresto. Pese a ello usted ha manifestado que el poder de esta corte reside en su legitimidad. Pero, como acaba de mencionar no cuenta con el apoyo de las grandes potencias como EEUU y China. ¿Qué supone esa falta de compromiso en cuestión de legitimidad?

L.M.O. Eso afecta a la legitimidad de ellos, no a la nuestra. La Corte ha logrado una legitimidad enorme en pocos años y eso es increíble. Y se ha conseguido en tan poco tiempo porque la idea estaba lista, la humanidad estaba preparada para recibirnos y aparecimos.

P. Cuando llegó a la fiscalía en 2003, disponía de tan solo tres personas a su cargo. ¿Cómo es el proceso de construir los cimientos de una institución -de un sueño- que se había gestado 50 años atrás?

R. Eso fue fascinante. Cuando llegué a La Haya la Corte tenía 15 pisos de los cuales seis eran para la Oficina del Fiscal. Teníamos dos profesionales y un asistente. Tuvimos que armar todo desde cero. Contraté a los mejores de todas partes del mundo. Fue un reto armonizar todas esas diferencias y sacar algo positivo.

P. ¿Por qué aceptó este trabajo?

L.M.O. ¿Cómo no lo vas a aceptar? Un día recibí una llamada comunicándome que estaban buscando un fiscal para la Corte Penal Internacional y que mi nombre estaba entre los candidatos. Yo pensé que no iba a pasar nada. Mi candidatura ya había aparecido en 1993 para el puesto de Fiscal de [el Tribunal Penal Internacional] de Yugoslavia pero mi país, Argentina, no la apoyó y se cayó. Por aquel entonces trabajaba como profesor en la Universidad de Harvard. Era fascinante, me parecía un sueño. Pero cuando me ofrecieron las Fiscalía [de la CPI] fue mucho más que un sueño. ¿Como iba a decir que no? Así que lo dejé todo, vendí mi estudio de abogados y me vine para acá a ser parte de este proyecto, porque esto es una idea en la que mucha gente ha puesto su grano de arena.

En 1989 Luis Moreno Ocampo fundó Poder Ciudadano, una ONG dedicada a fomentar la participación ciudadana en la democracia, y que en 1993 se convirtió en la delegación argentina de Transparency International. Impartió cursos en más de 20 países y en universidades tan prestigiosas como las estadounidenses Stanford, Yale, Columbia y Harvard.

P. ¿Es usted la persona adecuada para dirigir la Fiscalía del primer tribunal penal permanente?

L.M.O. Con el Juicio a las Juntas en Argentina aprendí a investigar crímenes masivos. Los casos de corrupción también me enseñaron la dificultad de manejar casos penales cuando el gobierno no te apoya. Considero que mi experiencia como fiscal en Argentina me ha aportado un conocimiento muy útil a nivel internacional, no conocía el mundo diplomático, pero en lo demás, sabía lo que debía hacer.

P. Del juicio a las Juntas también aprendió que la Justicia puede ayudar a reconciliar a una sociedad dividida. ¿Cree que los procesos que usted ha iniciado en la Haya contribuyen a la paz y reconciliación en aquellas regiones donde se han cometido crímenes masivos?

L.M.O. Los líderes que cometen crímenes los justifican diciendo que lo hacen para proteger a los suyos, el discurso de negación es algo común. Esa es la paradoja, los crímenes masivos se cometen por comunes intenciones. Por ello la única forma de acabar con la lógica de matar a tu enemigo es crear un sistema legal donde no haya enemigos. Si alguien viola a mi hija, nadie me puede obligar a reconciliarme con el agresor, pero sí pueden obligarme a que no lo mate. Es un sistema en el que no matamos al enemigo sino que lo ponemos preso, que es distinto.

P. Kenia es un claro ejemplo de la necesidad de cooperación por parte de los Estados. El pasado mes de diciembre presentó una lista de 6 personas acusadas de ser supuestamente los mayores responsables de la violencia post-electoral de 2007. Entre ellos se encuentran representantes del gobierno actual. Ha pedido a los jueces la comparecencia de cuatro ministros. Han de acudir voluntariamente, ¿comparecerán?

L.M.O. Sí, hemos pedido a los jueces que los citen para comparecer ante la Corte. En lugar de emitir una orden de arresto, queremos que vengan de forma voluntaria y lo bueno es que los seis [sospechosos] han dicho que sí.

P. El Gobierno ya ha anunciado que pedirá al Parlamento la retirada de Kenia del Estatuto de Roma. Pese a que la decisión no afectaría a las investigaciones ni al transcurso de los procedimientos en contra de los acusados. Pero de hacerlo, sería el primero de los 114 estados ¿Qué supondría este gesto para su credibilidad, sobre todo en la región?

L.M.O. En Kenia tengo un 93 por ciento de apoyo popular. [En el Gobierno] por supuesto hay divisiones. Cuando uno intenta poner límites al poder, el poder reacciona.

P. Hablemos del primer caso que usted inició contra el rebelde congoleño Thomas Lubanga. Lo que parecía un proceso sencillo (un cargo, reclutamiento de niños soldados) se ha convertido en un enredo del que parece difícil salir. La Defensa acusa a la Fiscalía de haber colaborado con intermediarios que indujeron a los niños soldado a mentir en sus testimonios.

R. El juicio de Lubanga va bien, la Defensa intenta atacar a la Fiscalía y eso está bien, están en su derecho. Nosotros estamos convencidos de la solidez de nuestro caso. Hemos presentado a los jueces nuestro informe alegando que no hemos actuado de forma incorrecta, la cuestión que se plantea ahora básicamente es a quién creer, si a la Defensa o a la Fiscalía. Por ello necesitamos a jueces que analicen al detalle las pruebas presentadas por las partes, que miren con atención cada episodio, cada incidente.

P. ¿Le obsesiona Omar Al Bashir? (La CPI ha emitido una orden de arresto contra el Presidente de Sudán, acusado de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Darfur)

R. No, me obsesiona que el genocidio continúe. Yo no tengo nada personal en contra de Omar AlBashir. Lo que me obsesiona es que no podamos parar el genocidio.

P. La Unión Africana ha pedido al Consejo de Seguridad que suspenda el proceso contra el presidente de Sudán porque compromete la paz en la región. ¿Qué hace que el Consejo siga confiándole un caso tan complejo?

R. Ningún Estado africano presentó eso al Consejo de Seguridad, aquí hay muchos juegos políticos y lo usan para atacarme a mi de forma personal. Los jueces [de la CPI] han tomado una decisión con respecto a la cuestión de Darfur y sin embargo, los que me atacan, siguen pensando que es decisión mía. Esa fue otra de las cosas que aprendí en Argentina, que no hay medias tintas: o te quieren o te odian.

P. Vayamos a Colombia. Hay mecanismos legales nacionales en marcha y, por ende, su deber es no investigar. Pero en cinco años de Justicia y Paz (el marco legal por el que se han desmovilizado más de 30.000 combatientes irregulares involucrados en la comisión de graves crímenes contra la población civil y que pretende buscar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas) tan sólo hay una sentencia sobre la mesa. ¿Son los procesos judiciales avanzados genuinos?

R. La Corte requiere que haya investigaciones y juicios genuinos. Nadie duda de que en Colombia sean genuinos. Que se han demorado, sí, que ha habido problemas, sí, pero [el caso colombiano] es muy complejo. Los jueces colombianos son muy buenos, y están viendo cómo combinar intereses distintos, los de las víctimas, el derecho a la verdad… La ley de Justicia y Paz ha permitido conocer centenares de miles de homicidios que no se conocían. Colombia es un país sofisticado y ésta es también una ley muy compleja e interesante. Hay que entender que es un proceso único, no hay en el mundo un proceso parecido.

P. Le queda 1 año y 5 meses de mandato, ¿qué le gustaría hacer antes de dejar esta oficina?

L.M.O. El plan es muy claro. Este año terminamos los juicios de [Thomas] Lubanga y [German] Katanga y [Mathieu] Ngudjolo, nos encaminamos a la apertura del proceso contra Callixte Mbarushimana, habrá avances en las investigaciones de Kenia, cada caso va a ir avanzando. Mi tarea también es la de poner los cimientos de esta institución así que estamos desarrollando políticas claras, asegurando la coordinación con los otros órganos de la Corte. En definitiva este año quiero asegurar un sistema institucional armónico entre los Estados parte y el Tribunal. Es un trabajo colectivo lo que hacemos.

P. En Junio de 2012 dejará su oficina, ¿quién cree que puede ser un buen sucesor?

L.M.O. El que elijan los Estados parte. Mi tarea va a ser asegurarme de que la persona que elijan entienda muy bien lo que hay que hacer. Será una transición paulatina.

P. ¿Es este el trabajo de su vida?

R. Por supuesto, ésta es para mí la misión más importante del mundo.


La Haya juzgada por las víctimas del Congo (II)

En uno de los pocos restaurantes de la ciudad en el que los foráneos por cuestiones de seguridad podemos tomar un trago y despojarnos del polvo que casi se mastica, me encuentro con Dieudonné Mbuna, integrante del equipo de la defensa de Thomas Lubanga y residente en Bunia. Un hombre comedido y pausado en el habla. Junto a Emmanuel he preparado una lista de preguntas intrigantes que quedarán en papel mojado. Al poco de iniciar la entrevista me cuenta que su equipo le impide que hable con periodistas. “Este un momento delicado,” dice, y es que en estos días la defensa presentará a los jueces su demanda de abuso de proceso contra la Fiscalía. Los abogados de Lubanga acusan a la oficina de Moreno-Ocampo de haber colaborado con intermediarios que indujeron a los testigos a mentir en sus testimonios. El cruce de acusaciones dió lugar a un debate legal que casi le cuesta el caso a Moreno-Ocampo cuando el pasado mes de julio los jueces suspendieron los procedimientosconsiderando que no podían garantizar un juicio justo. “Los jueces están haciendo un buen trabajo,” dice Mbuna, “han demostrado que no actúan en beneficio de ninguna de las partes. Thomas está seguro de que adoptarán una decisión justa.”

La paz, frágil como la cáscara de huevo

Existe la noble idea de que la justicia internacional, a modo de panacea universal, traerá consigo la paz y la reconciliación en sociedades divididas por el conflicto. Pero la realidad se muestra más compleja. La reconciliación se vuelve ardua cuando aquellos que dicen ser las víctimas son incapaces de aceptar que su grupo también cometió crímenes.

“En Bunia hay instalado un clima de desconfianza entre los diferentes grupos étnicos,” cuenta Emmanuel, “los que aún apoyan al UPC se sienten víctimas de este proceso [judicial], mantienen que actuaron en defensa propia”. Acudo a Radio Candip, la entonces emisora oficial del UPC, hoy reconvertida en radio comunitaria independiente. Allí me recibe el Profesor Pilo Kamaragi, representante de la comunidad hema y miembro destacado del UPC. Pese a estas credenciales, me sorprende que durante la entrevista niegue reiteradamente la relación entre Thomas Lubanga y su comunidad. Al preguntarle por el juicio contra su líder, llueven las descalificaciones a la Corte. “Tengo la impresión de que este proceso está tremendamente politizado, no me inspira confianza,” dice. “No es equitativo, ¿de dónde venían las armas? ¿quién financiaba esta guerra?” pregunta haciendo referencia a otros líderes considerados los verdaderos responsables del conflicto en Ituri y que aún están en libertad. “Esa es la parcialidad de la Corte Penal Internacional de Moreno,” dice Pilo.

 

La opinión del grupo opositor, los lendu, parece no distar mucho de las palabras de Pilo. Según cuenta Alex Losinu, representante de esta comunidad, los lendu no comprenden por qué Moreno-Ocampo ha dejado fuera de los cargos contra Lubanga otros muchos crímenes cometidos por el UPC. “¿Esos niños fueron reclutados para matar monos o para matarnos a nosotros?” pregunta recordando las masacres sufridas por su grupo. “Poco nos importa que le condenen o no. Estos juicios no traerán la paz a Ituri, no pueden poner remedio a lo que esos niños soldados hicieron. Violaron, mataron, robaron, y aquí siguen, libres”. Produce escalofríos oírle hablar, mantener un discurso de odio intacto. “Si Thomas Lubanga vuelve a Bunia, le pedimos que deje a nuestra comunidad en paz. Si nos provoca nos defenderemos, volveremos al punto inicial. Aquí la paz es frágil como la cáscara de huevo”.

 

Con los días, y otras conversaciones en el camino, observo que estas posiciones radicales son minoritarias. Gilbert Tandia Bakonzi, defensor de derechos humanos y director del Centro Pelícano para la Paz y la Justicia en Bunia, sí cree que los procesos en La Haya traerán paz a la región. “Estos juicios mandan un mensaje muy claro: no habrá impunidad. Ituri necesita justicia, aunque la reconciliación depende de nosotros” dice Gilbert, quien ha sido objeto de amenazas por parte de esos que llama “extremistas”.  Cuenta que la división entre grupos está a nivel intelectual, en las élites, en los políticos. “La gente de a pie vivimos en común unión, los hema con los lendu, todos acudimos a los mismos mercados, a los mismos hospitales, a las mismas iglesias”. Decía John Carlin en su reportaje sobre Sierra Leona, ‘El infierno en la tierra’, que el gran enigma africano es la capacidad de perdón. Y es así. La gente parece estar cansada de tanta guerra. Pero es un hartazgo mezclado con cierta resignación. Lo veo en los ojos de Emmanuel cuando me mira atónito al hablarle de revoluciones populares, de poner punto y final a décadas de agravios. Y es que años de colonialismo y dictaduras parecen haber alienado generaciones enteras. No han sido educados en la protesta sino en la aceptación de la barbarie.

 

La Justicia anhelada

Uno de los mayores retos a los que se enfrentó Alice Zago, investigadora en el caso Lubanga, fue cómo explicar a víctimas y testigos esa abstracta noción de Justicia. Y es que,  ¿cómo hablar de derechos a quienes nunca han gozado de ellos?. En mi encuentro con ciudadanos de Katoto, a 22 Km al noreste de Bunia, confirmo las palabras de Alice. Es un grupo de cuatro hombres y tres mujeres, que de tanto en tanto se reúnen para escuchar programas de justicia en la radio. El proyecto, Radio Interactive pour la Justice, lo coordina una colega norteamericana. Cuando les pregunto si comprenden lo que escuchan, uno de ellos cuenta queno entiende qué es eso de los derechos humanos. Pero mi sorpresa es mayor cuando mi traductor, Emmanuel, no encuentra el equivalente en Swahili de “justicia internacional” y emplea el término francés. Gratian Iracan, periodista local que colabora conRadio Interactive ofrece la clave: La gente necesita tiempo para comprender qué es la justicia. Con [el dictador] Mobutu no había ningún tipo de reivindicación ni reconocimiento de tus derechos. Es ahora cuando empezamos a comprender el significado y la importancia de la justicia para vivir en paz,” dice Gratian. “Pero el problema es la corrupción, aquí el dinero es la ley.”

La falta de confianza en las instituciones judiciales locales es común entre los habitantes de Ituri. Aunque el gobierno congoleño, con ayuda de organizaciones internacionales, ha acometido algunos progresos en los últimos años, la corrupción está a la orden del día y la escasez de recursos e infraestructuras hace inviable la puesta en marcha de procesos con todas las garantías. “No comprendo cómo un hombre que ha violado a una mujer es arrestado y al poco tiempo liberado”, dice una de las mujeres de Katoto. “Aquí la justicia solo existe para los pobres, si eres rico y tienes un problema, lo solucionas con dinero.” La falta de recursos se extiende también a las prisiones. “Era horrible lo que vi allí”, cuenta Emmanuel recordando su visita con otro periodista a la cárcel de Bunia. En su cabeza perdura la imagen de reos famélicos cuyas dietas dependen de lo que sus familiares puedan traerles, hacinados en pequeños habitáculos carentes de higiene.

La larga trayectoria de guerras y conflictos étnicos que ha sufrido la República Democrática del Congo en los últimos decenios ha hecho añicos sus estructuras judiciales. “A partir de 2004 la justicia comienza a funcionar tímidamente, y es ahora cuando nuestro sistema judicial empieza realmente a dar ciertos pasos,” dice el Fiscal Militar de Bunia, Jean Maurice Lianza. “Es por ello que el Gobierno ha hecho un llamamiento a la Corte Penal Internacional para que los crímenes no queden impunes.” En Marzo de 2004, el gobierno de Kinshasa refirió el caso al tribunal internacional para que investigara y juzgara los crímenes cometidos en territorio congoleño bajo su competencia. Sin embargo, esta corte no se presenta como un mecanismo sustitutivo de los procesos nacionales sino complementario. Este es el reto del tribunal, promover que los estados pongan fin a los crímenes que no solo atentan contra sus ciudadanos, sino contra toda la humanidad. También que cumplan los deseos de la mujer de Katoto: “Ojalá esto no vuelva a ocurrir jamás. Los niños no son soldados. Los niños van a la escuela.”

 


La Haya juzgada por las víctimas del Congo (I)

Viajamos a Ituri, al este de la República Democrática del Congo, emplazamiento de una guerra sin cuartel entre etnias que dejó más de 50.000 muertos entre 1999 y 2003. Hoy, los responsables de tanto odio se enfrentan a la justicia de la Corte Penal Internacional. ¿Pero cómo perciben estos juicios las víctimas de la infamia?

Bunia dista mucho de lo que pudo ser diez años atrás, cuando las diferentes facciones rebeldes se enzarzaban en una lucha por el poder político y el control de los recursos naturales. La capital de la provincia de Ituri goza estos días de cierta calma, quizás lograda por la omnipresencia del mayor contingente militar desplegado por Naciones Unidas en misión de paz, la MONUSCO. Sin embargo, lo que parece haber cambiado poco es el apoyo del que aún goza el primer rebelde acusado por el tribunal de La Haya de haber reclutado niños para la guerra. Hoy Bunia, y en particular barrios como el de Mutzipela, siguen siendo feudo indiscutible de Thomas Lubanga Dyilo.

 

Me dirijo a la oficina regional de la Unión de Patriotas Congoleños, el partido político-militar que Thomas Lubanga fundó en 2002 en torno a su grupo étnico, los Hema, y que actualmente, tras un lavado de cara, ocupa tres escaños en el Parlamento Nacional. El símbolo de la agrupación corona la fachada del edificio, situado en una de las calles céntricas de la ciudad, polvorientas y agrietadas como todas las de Bunia. Me reciben Simon Ngadjole y Jean Baptiste Ngolotcha, Secretario y Presidente Federal del UPC en Ituri respectivamente; dos hombres de aparente gesto amable, visten prendas raídas que nada tienen que ver con los trajes de perfecto corte que su ‘Presidente Thomas’ luce en los días de juicio. Parece difícil imaginar al que llamabanRais (jefe en árabe), invistiéndole de sagrada autoridad, compartiendo mesa con estos hombres, en esta oficina de falsos muros de madera y documentos apilados sin orden sobre una mesa, la misma en la que acceden a conversar. “El UPC nació para poner fin a las masacres en Ituri,” cuenta Ngadjole mientras muestra fotos difíciles de observar.Heridas de flechas, cortes de machetes, cuerpos decapitados. Ngadjole achaca tal crueldad a su enemigo, los Lendu, quienes también alzados en armas, se organizaron en las milicias delFrente Nacionalista e Integracionista (FNI) y las Fuerzas Patrióticas de Resistencia (FRPI), y cuyos líderes, Mathieu Ngudjolo y Germain Katanga, son también juzgados en La Haya.

Al igual que hicieran con los tutsis de Ruanda, los colonos belgas favorecieron a los pastores Hema, concediéndoles tierras y puestos en la administración. Mobutu Sese Seko, Presidente del entonces Zaïre, simplemente se limitó a seguir las mismas prácticas en sus 32 años de férrea dictadura. Sin embargo, como explicó a los jueces el africanista Gerard Prunier, las rivalidades étnicas, lejos de ser la causa del conflicto en Ituri, fueron su instrumento. “Esta rivalidad fue manipulada,” dijo durante el juicio de Lubanga, “fueron los líderes quienes utilizaron la cuestión étnica en favor de sus intereses políticos”. La identidad de grupo se usó entonces como un arma de la que se beneficiarían incluso países vecinos. Según Roberto Garretón, Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en Congo y testigo en el mismo juicio, la presencia ugandesa en la región exacerbó las tensiones latentes. “Había un sentimiento generalizado entre los congoleños de que todo cuanto acontecía en Ituri se decidía en Kampala”, dijo. Para los ugandeses como para los colonos, los Hema habían nacido para gobernar.

 

Los tratos de favor fueron siempre negados por este grupo. El Secretario Ngadjole, con una ristra de folios en mano, continúa explicando los orígenes de su partido, el que, dice, surgió como respuesta a la opresión y marginalización a la que los suyos, los Hema, se vieron sometidos por parte del gobierno en la región. Un entonces joven miembro de la Asamblea de Ituri, Thomas Lubanga, vio la oportunidad de negociar en Uganda la formación de un nuevo partido político-militar. Con el apoyo de Kampala, en Agosto de 2002, el UPC de Lubanga expulsa de Bunia al gobierno local siendo al poco nombrado Presidente del partido y Comandante en Jefe de su brazo militar, la Fuerzas Patrióticas para la Liberación de Congo.

“Thomas fue elegido por su coraje y su experiencia política,” dice Jean Baptiste Ngolotcha. Nacido en el seno de una familia Hema en 1960, Thomas Lubanga estudió psicología en la Universidad de Kasangani. Hablando del Presidente del UPC reparo en las paredes de la oficina, donde cuelgan fotos y recortes de prensa sobre su juicio en la Haya. Y es que estos hombres adoran a su líder. Cuentan que sintieron consternación cuando conocieron la noticia de su detención. Lubanga fue arrestado por las autoridades congoleñas en Marzo de 2005 y trasladado a la Corte Penal Internacional un año después para ser juzgado por el reclutamiento de niños soldados menores de 15 años. “Rezamos cada día para que sea liberado,” dice Jean Baptiste.

Sin mencionar las edades, Jean Baptiste dice con orgullo que sus cuatro hijos lucharon en las filas de “Thomas”. “Su deber era defender a su familia, y defendiendo a su familia defienden a su comunidad, es automático,” dice. Esta fue la contribución de los Hema a la guerra. La Fiscalía de la CPI asegura que Lubanga hizo público un decreto según el cual cada familia debía contribuir a la defensa de la comunidad entregando a sus hijos para la lucha, “reclutad a todos aquellos que encontréis”, decía la orden. No mencionaba ningún límite de edad, la única condición era que los niños fuesen capaces de portar un arma.

 

Algunos muchachos se unían a los rebeldes de forma voluntaria, empujados por la frustración, el hambre o la ira de haber perdido a algún familiar. Otros, hallados en plazas, calles y escuelas, eran trasladados por los soldados de manera forzosa a campos de entrenamiento militar. Me cuenta Emmanuel, mi traductor, que varios de sus amigos estuvieron en aquellos campos. “Todos los días almorzaban lo mismo, decían que los entrenamientos físicos eran muy duros, que los comandantes tenían prisa porque fueran al campo de batalla.” El adiestramiento era cuestión de semanas, a menudo acompañado de castigos físicos inhumanos; perder el arma o intentar huir suponía la muerte. Según Kristine Peduto, responsable de la unidad de protección de los derechos del niño de la MONUSCO y testigo en el juicio de Lubanga, la situación psicológica de los niños tras ser desmovilizados era preocupante. “Estaban realmente traumatizados, los más pequeños parecían perdidos, habían presenciado masacres, experiencias muy difíciles,” dijo. “El estado físico y psicológico de las niñas era incluso peor, era catastrófico. Sufrieron abusos sexuales sistemáticos de parte de comandantes y soldados. Creo que la niña más joven que entrevisté tenía 12 años“. Peduto formó parte de la delegación de la MONUSCO que en Mayo de 2003 visitó a Lubanga en su residencia personal. “Le dije que el uso de niños soldados era un crimen, sin embargo, no hubo intención por su parte de discutir este tema. Creo que entonces dijo que los niños estaban en el UPC porque necesitaban protección.”

Campos de entrenamiento militar del UPC. Fuente: Fiscalía de la CPI 


Callixte Mbarushimana comparece ante la CPI

Después de que fuera arrestado el pasado mes de Octubre por las autoridades francesas, Callixte Mbarushimana, Secretario Ejecutivo del grupo rebelde Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, ha comparecido hoy ante los jueces de la Corte Penal Internacional, acusado de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la región de los Kivus, en la República Democrática del Congo. Pese a ser un procedimiento formal en el que la Cámara debía informar al acusado de los cargos que se le imputan y de sus derechos bajo el Estatuto de Roma, Mbarushimana se ha dirigido a los jueces para negar toda implicación en los hechos que se le acusan y pedir su libertad provisional.

“Condeno con vigor los ataques contra la población civil que es inocente, y le pido a los jueces que sea liberado” ha dicho Mbarushimana, quien con sus acciones afirma proteger a su grupo, los Hutus que huyeron de Ruanda tras el genocidio Tutsi en 1994 y que desde hace más de 15 años viven como refugiados en las regiones limítrofes del Kivu Norte y Kivu Sur, al este del Congo. De acuerdo con la Fiscalía, el FDLR, ” la última encarnación de aquellos que cometieron el genocidio en Ruanda”, ideó en 2009 un plan de ataques contra la población civil con el fin de causar una “catástrofe humanitaria” y así lograr concesiones políticas de parte del gobierno ruandés, liderato por el Tutsi Paul Kagame. “La extorsión a la comunidad internacional ha tenido como resultado la muerte de civiles, violaciones, desplazamientos forzados y pueblos enteros arrasados,” ha dicho en nota de prensa el Fiscal Jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo.

La Fiscalía considera que Callixte Mbarushimana, Ignace Murwanashyaka (Presidente del FDLR desde 2001 y actualmente bajo arresto en Alemania por su participación en violaciones de derechos humanos en Congo) y Sylvestre Mudacumura (comandante del FDLR desde 2002) orquestaron de manera conjunta este plan de extorsión. Según la acusación, los líderes del FDLR buscaban un hueco en la mesa de negociación con el gobierno de Kagame y así lo expresó Mbarushimana a los medios de comunicación en 2008: “El gobierno de Ruanda debe sentarse con nosotros y negociar, entonces pararemos todo esto.” De acuerdo con la Fiscalía, Mbarushimana ha desempeñado un papel esencial en la adopción del “plan criminal” siendo el “único alto mando del FDLR capaz de presentar ante la comunidad internacional sus demandas y siendo por tanto responsable bajo el Artículo 25(3) del Estatuto de Roma de los crímenes cometidos por los soldados del FDLR en la región de los Kivus.

La organización no gubernamental Human Rights Watch, atribuye al FDLR más de 700 asesinatos, cerca de 300 casos de violaciones y la destrucción de más de 7000 casas entre enero y septiembre de 2009. En tan sólo ese año, más de un millones de personas han sido desplazadas en Congo a consecuencia de la violencia, la mayoría de ellas en el Norte del Kivu.

La estrategia del ataque de civiles para lograr fines políticos no parece ser única del FDLR. Otros líderes rebeldes, como el ugandés Joseph Kony, del Lord’s Resistance Army, también en búsqueda y captura por este tribunal, recurre a la comisión de crímenes contra la población civil para lograr concesiones políticas e impunidad.

La violación como arma de guerra

Según la Fiscalía, los crímenes de violencia sexual ocupan un lugar relevante en el origen de esta “catástrofe”. “La violación es una practica particularmente eficiente para lograr el rechazo de aquel que es violado, para romper comunidades y extender enfermedades. Dicho de otro modo, es efectivo para crear una catástrofe humanitaria duradera,” ha explicado la acusación en el documento presentado a los jueces para hacer efectivo el arresto de Mbarushimana.

La evidencia habla de violaciones masivas perpetradas por el FDLR con “extrema brutalidad”. Los abusos, a menudo cometidos por grupos de siete u ocho solados, incluyen “mutilaciones, la desfiguración de mujeres y violaciones salvajes.” Como ha expresado el Relator Especial para las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias, Philip Alston, “el FDLR ha violado de una forma tan brutal que las mujeres morían por las heridas producidas.” El grupo rebelde es el responsable de las violaciones masivas que tuvieron lugar el pasado mes de julio en el territorio de Walikale, donde más de 200 mujeres sufrieron abusos sexuales. Los sucesos tuvieron lugar a menos de 30km de la base de la MONUSCO, la operación de mantenimiento de paz de Naciones Unidas en el Congo. La Fiscalía ya ha anunciado que está investigando los hechos y que hará lo posible por incluirlos en los cargos contra Mbarushimana.

La estrategia de Moreno-Ocampo

Con el arresto de Mbarushimana, Moreno-Ocampo descabeza el liderazgo del FDLR en el exilio, desde donde el acusado lanzaba su campaña internacional de apoyo al movimiento y logra un golpe de efecto en la moral de las tropas del grupo rebelde. “Es la oportunidad para desmovilizar al FDLR,” ha dicho Moreno-Ocampo. “Este es un paso para lograr justicia para las víctimas, la paz en la región y esperanza para la población.”

Según la Fiscalía, la campaña orquestada por Mbarushimana era esencial para mantener la fortaleza militar del FDLR. “Mantenía alta la moral de las tropas, y les motivaba a continuar en el FDLR y seguir las órdenes de sus comandantes,” ha dicho la acusación quien asegura que antiguos combatientes explicaron cómo los discursos de Mbarushimana y Murwanashyaka a los medios les motivaba para seguir adelante.

De acuerdo a las pruebas, a fin de controlar las tropas, los líderes del FDLR combinaban su campaña de extorsión internacional con amenazas de muerte a los desertores. Igualmente impedían a sus hombres acceder a cualquier tipo de información sobre programas de desmovilización en Ruanda.

La Fiscalía de la CPI abrió sus investigaciones en la República Democrática del Congo en 2004 después de que el gobierno de Kinsasha refiriera el caso al tribunal. En el marco de las investigaciones, la Corte ha abierto otros tres casos, contra Thomas Lubanga, Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui y Bosco Ntaganda, quien aun permanece en búsqueda y captura.


La CPI aprieta las tuercas a Colombia

(c) P.Howe 2003

Desde que la Corte Penal Internacional abriera sus puertas en 2003, en las oficinas de su Fiscalía intentan descifrar la “paradoja” colombiana. ¿Cómo entender que en un país con un alto grado de institucionalidad democrática y un sistema judicial fuerte, la magnitud de crímenes cometidos sea equiparable a los de la República Democrática del Congo? Ambas situaciones, por su gravedad, estuvieron desde el comienzo en la agenda de la Fiscalía del tribunal. Sin embargo, a diferencia del estado africano, el aparato estatal colombiano daba los primeros pasos para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos en su territorio: la Ley de Justicia y Paz aprobada en 2005 sentaba las estructuras de un controvertido y complejo proceso de justicia transicional en medio de un conflicto de más de 40 años.

“Complementariedad es analizar los esfuerzos que hacen otros. Mi deber es intervenir si no hay actividad judicial.” Son palabras del Fiscal Jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, para definir la capacidad de acción de su Oficina con respecto a la situación colombiana. En marzo de 2005, Moreno-Ocampo, en una carta enviada al gobierno de Álvaro Uribe, informaba de que la Fiscalía había recibido una “cantidad significativa de denuncias” sobre presuntos crímenes cometidos en Colombia que podían estar bajo su jurisdicción. La misiva hacía referencia a asesinatos, desapariciones, secuestros y desplazamientos forzosos supuestamente cometidos por paramilitares, guerrillas y oficiales de la Fuerza Pública colombiana desde noviembre de 2002, año en el que el Estatuto de Roma entró en vigor. La carta desató el revuelo en los estamentos colombianos. Entre líneas se presumía el inicio de un análisis preliminar por el que la Fiscalía de la CPI debía examinar si existían “fundamentos razonables” para abrir una investigación.

En un estudio que continúa en la actualidad, la Oficina analiza la gravedad de los delitos cometidos en el país y si éstos están bajo su jurisdicción, es decir, si se ajustan a la definición de crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio del Estatuto de Roma y si se han producido con posterioridad a la entrada en vigor de la carta fundacional del tribunal. Recordemos que el gobierno colombiano ratificó este Estatuto acogiéndose al artículo 124, por el que no aceptaba la competencia de la Corte sobre crímenes de guerra durante un período de siete años. Es por ello que los delitos de este tipo cometidos antes del 1 de Noviembre de 2009 quedan fuera de su jurisdicción. El Gobierno dijo entonces que lo hacía para no obstruir un eventual proceso de paz.

La Fiscalía ha de analizar además si los procedimientos judiciales iniciados en el país son genuinos. En la comunicación enviada al gabinete de Uribe, Moreno-Ocampo decía “estar al tanto” de los anteproyectos de ley que se estaban negociando y que llevarían a la creación de medidas para investigar y castigar a los responsables de crímenes graves. Igualmente pedía ser informado “de los avances en este respecto”. Hacía referencia a la Ley de Justicia y Paz, marco legal de un proceso de desmovilización de más de 30.000 combatientes irregulares, involucrados en la comisión de graves crímenes contra la población civil, con el que se pretende buscar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

A ojos de la CPI, el Gobierno colombiano tenía buenas intenciones, pero se enfrentaba a “un desafío inmenso”. “Si este diseño funciona bien, si hay juicios importantes, puede ser un ejemplo para el resto de mundo,” dijo Moreno-Ocampo en relación al proceso de justicia transicional que se estaba avanzando.

Cinco años ha tardado en llegar la primera y única sentencia de Justicia y Paz. La semana pasada, dos jefes del paramilitarismo, ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’, fueron condenados por el Tribunal Superior de Bogotá a penas ordinarias de 39 y 38 años respectivamente por la masacre de 11 campesinos y el desplazamiento de 300 familias en Mampuján, Bolívar, en marzo de 2000. Sin embargo los dos desmovilizados, postulados al proceso de Justicia y Paz, tendrán una pena alternativa de ocho años “por contribuir con la justicia, la verdad y la reparación”. La sentencia, que se esperaba marcara un precedente en la reparación de las cerca de 300 mil víctimas del paramilitarismo, ya ha sido apelada por las víctimas por considerar insuficiente el monto de reparación establecido por el Tribunal.

Y es que el Fondo Nacional para la Reparación de Víctimas tan sólo cuenta con 33 mil millones de pesos entregados por los “paras” desmovilizados tras cinco años de proceso, pese a ser la entrega de bienes y efectivo una de las condiciones necesarias para beneficiarse de reducción de penas. Un dinero que sólo alcanzaría para dar a cada víctima 118 mil pesos, menos de la mitad de un salario mínimo en Colombia.

El Ejecutivo colombiano reconoce las dificultades del proceso. La magnitud de los crímenes cometidos en Colombia impide tener resultados en un espacio corto de tiempo, siendo un hecho adicional muy importante el que país está adelantando un proceso de justicia transicional en medio del conflicto, algo que no ocurre en ningún lugar del mundo. Pese a los obstáculos, el Ejecutivo asegura haber acometido esfuerzos: El Gobierno creó en 2009 un programa de reparaciones administrativas del que se beneficiaron 11.000 familias y en el que se invirtieron más de 100 millones de dólares para ese año. El presupuesto de la Fiscalía General de la Nación se ha multiplicado por cuatro desde 2005, hay más de 34.000 crímenes que están siendo investigados, más de 3000 cuerpos exhumados y cerca de 900 víctimas que han sido plenamente identificadas y regresadas a sus familias.

Los de la CPI no niegan los logros, pero quieren más. Reconocen progresos innegables para las víctimas como la apertura de fosas y el acceso a la verdad. Pero el tribunal necesita resultados, condenas a los máximos responsables por los crímenes masivos que Justicia y Paz está revelando.

CPI fiscal Moreno Ocampo visita fosas comunes en Colombia

La cuestión es si Colombia tiene capacidad para investigar y juzgar la elevada magnitud de crímenes que están saliendo a la luz. La escasez de recursos, la lentitud del proceso y el bajo número de paramilitares postulados en Justicia y Paz –de 30.000 paramilitares que según el Gobierno se desmovilizaron entre 2003 y 2006, tan sólo 3.712 lo hicieron bajo este marco legal- lleva a sus detractores a dudar sobre la posibilidad de lograr una justicia efectiva y reparadora en este país. “El Estado Colombiano no tiene ni capacidad ni voluntad política de investigar y juzgar todos los crímenes de guerra y lesa humanidad,” dice Luis Guillermo Pérez, Secretario de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), organización que lleva años denunciando estos abusos ante la CPI. “Por ello creemos que es imprescindible la acción de la Corte Penal a través de una investigación.”

Tras la carta de 2005, La Haya sigue observando los avances colombianos. En su visita al país en Noviembre de 2007, Moreno-Ocampo confirmaba el seguimiento de los procedimientos judiciales abiertos contra los jefes paramilitares, un tema que implicaba también a miembros del Congreso por sus supuestos lazos con los “paras”. Bajo el punto de mira del Fiscal estaban también las extradiciones a Estados Unidos de estos líderes y sus posibles efectos negativos “en la eficaz investigación de los mencionados políticos”. Y es que desde que el Gobierno extraditara a 16 jefes de los llamados “escuadrones de la muerte” en Mayo de 2008 y Marzo de 2009, tan sólo seis de éstos jefes han continuado sus “versiones libres” ante las autoridades colombianas – declaraciones voluntarias en las que los desmovilizados deben confesar la totalidad de sus crímenes a cambio de rebajas en la penas-. Algunos de ellos han abandonado el proceso voluntariamente tras haberles impuesto los jueces estadounidenses penas mayores de las que esperaban. Es el caso de Ramiro Vanoy, condenado a 24 años de prisión, quien terminaría su pena a la edad de 84 años en Estados Unidos, no contando ya con ningún incentivo para decir la verdad en Justicia y Paz.

El Presidente Uribe vio los beneficios de las extradiciones en el argumento de que todos los principales líderes paramilitares extraditados siguieron delinquiendo en la cárcel, incumpliendo así sus compromisos con el Gobierno de abandonar toda actividad delictiva. Sin embargo, según Human Rights Watch, pese a haber indicios de ello desde 2006, ni perdieron los beneficios de Justicia y Paz, ni el Ejecutivo colombiano les extraditó en ese momento.

En su declaración dentro del juicio que enfrenta el ex director del Servicio de Inteligencia Colombiano (DAS), Jorge Noguera Cotes, ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta relación con los “paras”, el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso dijo: “Me extraditaron para callarme, para que no siguiera contando la verdad.” Hay quienes hacen una interpretación vengativa de las declaraciones de éstos líderes contra los estamentos del poder, quienes tras verse traicionados por el Gobierno comenzaron a confesar a posteriori vínculos de unión que en otras circunstancias no hubieran hecho.

Caben varias interpretaciones. El deseo de evitar la temida extradición llevó a los jefes paramilitares a pactar una desmovilización con el Gobierno, en la que debían confesar la verdad sobre sus delitos y sus cómplices si querían beneficiarse de la reducción de las penas previstas en Justicia y Paz. A Febrero de 2008, tres meses antes de las extradiciones, las “versiones libres” de estos líderes habían facilitado la apertura de investigaciones respecto del entonces Vicepresidente del Gobierno, Francisco Santos, 11 senadores, 8 congresistas, 4 gobernadores, 27 alcaldes, 39 miembros del Ejército, 52 de la policía y 2 miembros del Servicio de Inteligencia Colombiano (DAS).

La confesión de Mancuso que implicaba a generales del Ejército y a altos funcionarios del Gobierno en la comisión de crímenes y apoyo al paramilitarismo se produjo en mayo de 2007, un año antes de su extradición a los Estados Unidos. Habló de sus vínculos con Francisco Santos, de quien dijo estar “inesperadamente identificado” con las posiciones antisubversivas,# y mencionó dos reuniones con el entonces Ministro de Defensa y próximo Presidente de la República, Juan Manuel Santos. Habló igualmente de la supuesta complicidad y apoyo a los “paras” de generales del Ejército y la Policía como Iván Ramírez, Rito Alejo del Río y Martín Orlando Carreño y aludió a Mario Uribe, líder del Partido Colombia Democrática y primo del Presidente Álvaro Uribe, de quien aseguró pactó una alianza a tres con la congresista Eleonora Pineda.

Si bien varias organizaciones de derechos humanos colombianas han denunciado que las extradiciones representan un obstáculo en la búsqueda de la verdad, los fiscales y magistrados colombianos se enfrentan a otra dificultad. Las críticas públicas de desprestigio a la Corte Suprema por parte de funcionarios del Gobierno, y las amenazas de muerte contra fiscales, jueces, testigos y familiares de víctimas registradas por La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, constituyen según este organismo “una violación a los principios de independencia del poder judicial” y conforman “un patrón de hostigamiento para impedir avances en los procesos [judiciales]”.

El primer choque entre los dos estamentos se produjo cuando el alto tribunal dictaminó en julio de 2007 que el paramilitarismo no era un delito político al que se le podía aplicar el indulto. Recordemos que casi el 90% de los paramilitares desmovilizados, los que no fueron procesados por abusos contra los derechos humanos, se beneficiaron de amnistías de facto en virtud del Decreto 128, el cual consideraba su pertenencia a los bloques paramilitares un “delito político”-. El entonces Presidente Uribe acusó al tribunal de tener un “sesgo ideológico”.“El Gobierno ha sostenido que apoya a la Corte Suprema, que respeta la autonomía del poder judicial, pero la realidad es muy distinta,” dicen desde la Federación Internacional de Derechos Humanos. “Uribe ha tratado a los magistrados de ser aliados del terrorismo. Lo mismo ha ocurrido con los fiscales que investigan los “falsos positivos” de quienes ha dicho que dañan la seguridad democrática. Eso es de extrema gravedad.”

La cuestión de las ejecuciones extrajudiciales o los llamados “falsos positivos” es otro punto bajo análisis en los pasillos de La Haya. A septiembre de 2009, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación había asumido la investigación de 1.273 casos, con un total de 2.077 víctimas falsamente presentadas por el ejército como “guerrilleros muertos en combate”. Según Naciones Unidas, “estas cifras confirman que las presuntasejecuciones no eran hechos aislados”. Es esto precisamente lo que la CPI ha de estudiar, si “los falsos positivos” son crímenes de su competencia, si son un ataque sistemático y generalizado contra la población civil constituyendo así un crimen de lesa humanidad, y si los procesos judiciales contra los responsables son genuinos. A día de hoy, según el Ejecutivo, se han producido 52 sentencias y 708 personas afrontan juicios por este tema.

Por su parte, las madres y esposas de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, quienes observan una “falta de garantías judiciales en los procesos”, ya han pedido al Fiscal de la Corte Penal Internacional su intervención en la investigación de los hechos.

“O juzgan ustedes a los máximos responsables de los crímenes más graves o lo haremos nosotros”, ésa es la máxima que mueve a esta Corte Penal permanente.